La agricultura familiar, el desarrollo territorial y las estrategias públicas para su abordaje en la Provincia de Santa Fe
Por: Marcelo Machado*
El interés por la agricultura retornó a la agenda de la cooperación internacional como lo demuestra la publicación del informe 2008 del Banco Mundial, luego de dos décadas de desinterés e importante disminución en la ayuda pública.
En Argentina bajo el Programa PRODEAR, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se busca contribuir a la cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes pobres del sector rural.
La creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las áreas rurales, en el marco de las economías regionales, se plantea a través del apoyo a la integración de las familias rurales pobres, propugnando su inclusión a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades tales que les permitan incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
La discusión de la problemática de la Agricultura Familiar llega a la Argentina de la mano de la COPROFAM, Coordinadora de Organizaciones de la Producción Familiar del MERCOSUR, quien solicita en la Cumbre de Presidentes realizada en Montevideo, en diciembre de 2003, la creación de un grupo ad hoc para que proponga una agenda de la política diferencial para la agricultura familiar (Márquez, 2007).
La necesidad de definir políticas, en consonancia con lo que ya venían haciendo Chile y Brasil propicia la necesidad de legislar el tema motivo por el cual, sancionada el 17 de Diciembre de 2014 y promulgada de hecho el 20 de Enero de 2015, la Ley Nº 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, para la construcción de la Nueva Ruralidad en la Argentina donde se declara de interés público a la Agricultura Familiar, para practicar y promover un sistema de vida y producción que preserve la biodiversidad y los procesos sustentables para la transformación productiva, comienza a regular los procesos que desde hace décadas transita la ruralidad argentina.
Probablemente el principal desafío (planteado en su artículo 3º), sea el de intentar corregir las profundas disparidades que el desarrollo regional genera dadas las diferencias que fueron produciendo entre las distintas regiones del país, por el atraso tecnológico, económico y de infraestructura.
La generación de condiciones favorables para que la familia rural se radique y permanezca en los territorios, y que los jóvenes no migren a la ciudad debe basarse en el aprovechamiento de los atributos de cada territorio, el emblema del desarrollo local, para la generación de productos con agregado de valor que les permita competir en un mercado cada vez más exigente.
Por tal motivo, las particularidades culturales de cada territorio se deben resaltar en los productos, de manera que puedan distinguirse por estos atributos permitiendo su comercialización en los nichos específicos que el mercado propone, aunque en el marco del PRODEAR, se plantean formas de “saltear” las “fallas” que este también presenta.
Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables, a un precio justo aporta estratégicamente a la sustentabilidad, permitiendo además la conservación y divulgación del patrimonio natural, histórico y cultural de la Agricultura Familiar.
En su artículo 22 inc. 2, la Ley propone la promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valoración de los productos de la Agricultura familiar
En la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de la Producción a través de su Dirección de Desarrollo Rural y Agroindustria familiar, implementó una estrategia dentro de su Programa de Agroindustria Familiar, basado en la generación de una marca colectiva, con el objetivo de contribuir con la diferenciación de los productos portadores de los atributos propios del territorio y que permita fortalecer, ampliar y desarrollar su posicionamiento en los diversos canales de venta y comercialización.
Se orienta a los pequeños y medianos emprendimientos agroalimentarios de la provincia con objeto de fortalecer su posicionamiento en las diversas cadenas de valor, así como las economías locales y regionales en las que están insertos.
La marca avala al consumidor, el compromiso de parte de los elaboradores de encontrarse desarrollando algunos atributos especiales:
-Ser un alimento Inocuo. A nivel de producción primaria, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se postula como principio a respetar. Siguiendo en la línea de fabricación del producto, durante el proceso de transformación de la materia prima, se trabaja (junto a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) para la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
– Otorga importancia a la elaboración de tipo artesanal. Se reconoce la utilización de un saber-hacer local-regional en la elaboración del alimento, un saber hacer que está unido a tradiciones familiares, culturales y a los recursos naturales disponibles en el lugar de elaboración.
– Ser desarrollado por pequeños productores o empresas con condiciones de equidad. Esto se relaciona a los principios del Comercio Justo o Fair Trade, que tiene como meta el desarrollo sostenible de los productores marginados y en desventaja, ofreciendo mejores condiciones comerciales al pagarles un precio que reconozca su trabajo, el costo de la producción y una participación equitativa en el margen de comercialización(Vizcarra, 2002).
La seguridad alimentaria según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. De este modo la marca “Productos de mi Tierra. Provincia de Santa Fe” viene a apoyar el aspecto de inocuidad o food safety de un conjunto de productos al permitir que el consumidor identifique rápidamente dicho atributo.
Contribuye también con el principio de Calidad Alimentaria, si por esta se entiende el conjunto de atributos adicionales de un alimento que satisface las necesidades y expectativas de los consumidores. En la última década se han empezado a valorar, por parte de los consumidores, ciertos factores no tenidos en cuenta tradicionalmente como ser: el cuidado del medio ambiente a lo largo de toda su cadena productiva (productos orgánicos), el cumplimiento de las leyes sociales de los trabajadores encargados de la producción, y el respeto a las tradiciones en los alimentos elaborados por algún método tradicional (Oyarzún, 2001).
El desarrollo de estas políticas de comercialización, que permiten garantizar la colocación de la producción en nuevos mercados, necesariamente requiere la generación y afianzamiento de los procesos de agregado de valor. Sin financiamiento es virtualmente imposible que los pequeños productores puedan lograr productos habilitados y el volumen necesario para sostener un sistema proveedor sustentable en el tiempo.
Como complemento de la estrategia de Marca colectiva, se generó un financiamiento a través de un Fondo Rotatorio, que permite proporcionar recursos financieros de acuerdo a los ejes planteados en las Mesas Regionales de la Agroindustria Familiar.Este fondo es administrado por la Fundación “Argeninta”, institución con la cual el Gobierno Provincial ha firmado una Carta de entendimiento con el objetivo de aunar esfuerzos entre las instituciones.
Finalmente, queda por discutir un punto clave para la Agricultura Familiar: el Acceso a la tierra.
La Ley Nacional de Agricultura Familiar en su título III considera a la tierra como un bien social, proponiendo la creación de un Banco de Tierras que permita contar con tierras aptas y disponibles para el desarrollo de emprendimientos productivos. La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que actualmente habitan y trabajan los Agricultores familiares, debe regularizarse en un marco dominial ordenado y con un abordaje integral por parte de todos los estamentos.
Será fundamental el diseño y la implementación de Programas de incentivos a los Servicios Ambientales que preserven la base ecosistémica de los respectivos territorios, mediante la implementación de incentivos tales como subsidios directos, multiplicación del monto y diversidad de los microcréditos y fondos rotatorios, la desgravación impositiva y la ejecución de planes para la prevención, mitigación y restitución frente a las emergencias evitando los procesos de deterioro de los suelos que avanzan hacia la desertificación y que día a día ahogan a los Agricultores Familiares llevándolos a la migración y al desarraigo.
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Marcelo Machado es especialista en Desarrollo Territorial, actualmente se desempeña como gestor de política pública en el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe (Argentina). @chelomachado
